El lavado de activos ya representa cerca del 4% del PIB ecuatoriano
El lavado de activos en Ecuador dejó de ser un problema marginal para convertirse en una economía paralela de gran escala. Según estimaciones basadas en los principales mercados ilícitos del país, al menos USD 5.000 millones ingresan cada año al sistema económico buscando ser blanqueados, una cifra que representa aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2025.
Este volumen económico no solo tiene implicaciones penales, sino que también distorsiona los mercados, afecta la competencia empresarial, reduce la recaudación tributaria y fortalece estructuras criminales que operan dentro de la economía formal.
Su magnitud es comparable al tamaño de sectores completos como la construcción, supera actividades como la pesca y el turismo, y se acerca a industrias estratégicas como el petróleo y la minería.
El narcotráfico lidera la generación de dinero ilícito
El narcotráfico sigue siendo la principal fuente de recursos ilegales en Ecuador. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), entre enero y septiembre de 2025 se incautaron más de 166 toneladas de droga, lo que proyecta unas 220 toneladas anuales.
Sin embargo, las autoridades estiman que las incautaciones representan apenas el 20% del flujo real. Bajo ese cálculo, más de un millón de kilos de droga circularían por el país cada año.
Con un precio conservador de USD 2.000 por kilo, esto implicaría alrededor de USD 2.200 millones que necesitan ser ingresados al sistema financiero mediante procesos de lavado.
A esto se suma la minería ilegal, considerada ya como el segundo mercado ilícito más importante del país, con ingresos cercanos a USD 1.300 millones anuales.
La corrupción también alimenta el sistema ilegal
Otro de los grandes motores del lavado de activos es la corrupción vinculada a la contratación pública. Datos del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) muestran que en 2025 se adjudicaron aproximadamente USD 6.800 millones en contratos públicos.
Si se considera que entre el 8% y el 10% de estos procesos pueden incluir pagos irregulares, el monto podría superar los USD 300 millones, aunque algunas estimaciones oficiales elevan la cifra hasta USD 930 millones anuales.
La contratación estatal cumple una doble función: genera recursos ilícitos y también facilita su legalización mediante contratos aparentemente válidos, pagos justificados y obras formalmente ejecutadas.
Así se lava el dinero dentro de la economía formal
El lavado de activos no ocurre de forma abstracta. Se materializa mediante operaciones comunes que permiten disfrazar recursos ilícitos como ingresos legales.
Uno de los mecanismos más frecuentes es el llamado “pitufeo”, que consiste en dividir grandes cantidades de dinero en múltiples depósitos pequeños para evitar alertas del sistema financiero.
También son frecuentes las inversiones en bienes raíces, donde la compra de terrenos, departamentos o proyectos inmobiliarios facilita el ingreso de grandes sumas, especialmente cuando se usan pagos en efectivo.
Negocios intensivos en efectivo como restaurantes, comercios y servicios también son utilizados para inflar ingresos ficticios. A esto se suman apuestas, venta de vehículos, juegos de azar y, más recientemente, criptomonedas, que permiten movimientos rápidos y con mayor dificultad de rastreo.
El impacto se refleja en violencia e impuestos perdidos
El crecimiento del crimen organizado está directamente relacionado con estos flujos ilícitos. En 2025, Ecuador registró más de 9.200 homicidios, con una de las tasas de violencia más altas del mundo.
Mientras más se expanden las economías ilegales, mayor es la disputa territorial entre estructuras criminales y más fuerte se vuelve la inseguridad.
Además, existe una fuerte afectación fiscal. Estos recursos no generan tributación real y compiten de forma desleal con empresas legales. Si se aplicara una tasa efectiva del 10% sobre esos USD 5.000 millones, el Estado podría recaudar al menos USD 500 millones anuales adicionales.
La ley existe, pero la impunidad sigue siendo el gran problema
Aunque el lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), especialistas advierten que el verdadero problema está en la falta de aplicación de la ley.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), junto con notarios, bancos, registradores y la Fiscalía, tienen la responsabilidad de detectar operaciones sospechosas, pero los controles no siempre se ejecutan con el rigor necesario.
Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, apenas 1 de cada 10 procesados por lavado de activos recibe una sentencia condenatoria, lo que refleja altos niveles de impunidad.
Esta falta de sanción termina normalizando la ilegalidad y fortaleciendo un sistema donde delinquir resulta rentable y de bajo riesgo.
Fuente: Primicias
Te puede interesar:
Comisión de Salud analiza proyectos de ley para atención integral de la obesidad en Ecuador
