- La Junta de Acreedores de Sociedad Deportivo Quito se instalará el martes 10 de noviembre de 2026.
- El tribunal decidirá entre aprobar un concordato de pago o declarar la quiebra definitiva del club.
- La última pericia judicial tasó el Complejo Ney Mancheno de Carcelén en USD 3 millones.
- El pasivo consolidado asciende a USD 3,7 millones frente a un inventario de activos de USD 3,2 millones.
El juicio concursal que involucra a Sociedad Deportivo Quito ingresará en su etapa definitoria el próximo 10 de noviembre de 2026, tras casi una década de litigio en los tribunales capitalinos. El juez Santiago Altamirano convocó formalmente a la Junta de Acreedores para las 10:00 en el Complejo Judicial Norte de Quito, audiencia donde los demandantes y la directiva azulgrana determinarán si la institución logra un plan de pagos o afronta la liquidación forzosa de su patrimonio.
La diligencia judicial se fundamenta en las disposiciones del Código Orgánico General de Procesos (Cogep), cuerpo legal que establece dos desenlaces posibles para el proceso iniciado en enero de 2017. La primera opción contempla la aprobación de un concordato o moratoria que requiere el respaldo de más del 51 % de los créditos reconocidos. De no alcanzarse esa mayoría, el juzgador dictará la quiebra definitiva, ordenando el embargo y posterior remate en subasta pública de las propiedades del equipo de la ‘Plaza del Teatro’.
La disputa jurídica por el Complejo Ney Mancheno en Carcelén
El núcleo de la confrontación legal radica en el estatus patrimonial del Complejo Ney Mancheno Velasco, predio de 27.248 metros cuadrados ubicado en Carcelén. Mientras peritajes anteriores asignaron un valor contable de cero dólares debido a una cláusula de prohibición de enajenar estipulada en la donación municipal de 1964, la actualización pericial del 21 de agosto de 2026 incorporó el inmueble con un avalúo catastral de USD 3 millones.
Con esta revalorización avalada por los registros técnicos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, los activos del club subieron a USD 3,2 millones frente a un pasivo acumulado de USD 3,7 millones, reduciendo el déficit patrimonial a USD 442.218. La defensa de los acreedores sostiene que las restricciones contractuales del cabildo no invalidan las facultades del Cogep para cobrar obligaciones vencidas, por lo que solicitarán la subasta de las canchas e instalaciones para cancelar deudas laborales y tributarias prioritarias.
Por su parte, los representantes del club y su cuerpo jurídico argumentan que el terreno goza de inalienabilidad legal por su destino deportivo exclusivo, advirtiendo que cualquier intento de remate provocaría la reversión automática de la propiedad al municipio capitalino.
Fiscalización comercial a MarkSDQ y auditoría de fondos
El síndico de quiebras William Erazo solicitó al tribunal tres medidas cautelares adicionales antes de la sesión de noviembre. El perito requirió conminar al presidente José Pardo a entregar copia íntegra del contrato suscrito con Marketing Deportivo Quito (MarkSDQ), compañía privada que administra comercialmente la marca del club desde 2019.
Asimismo, la sindicatura pidió ordenar una auditoría contable a los libros de dicha empresa para transparentar la recaudación de taquillas, derechos audiovisuales y patrocinadores comerciales. Los informes judiciales revelan que el control accionario de MarkSDQ se divide entre las firmas Songoku (80 %) y Hub (20 %), sociedades vinculadas a inversionistas privados del fútbol ecuatoriano.
El desenvolvimiento de esta causa concursal ocurre en un contexto de profunda reestructuración del fútbol capitalino, donde clubes tradicionales coordinan esfuerzos institucionales para sanear sus finanzas, tal como evidencian los recientes homenajes y coberturas del entorno deportivo en los clubes de Quito. Los reportes procesales de la Función Judicial de Pichincha ratifican que los delegados de la Federación Ecuatoriana de Fútbol seguirán de cerca el fallo para definir la habilitación administrativa del club en los torneos oficiales de ascenso.
