- El Ejército destruyó un campamento de 45 por 50 metros en la Zona Minera Norte de Urcuquí.
- Se incautó un fusil M16, una carabina Mossberg y 920 municiones.
- El campamento era usado por el Frente Oliver Sinisterra.
Un campamento clandestino de 45 por 50 metros quedó reducido a escombros tras una incursión militar en la Zona Minera Norte de Urcuquí, provincia de Imbabura. El hallazgo, confirmado por el Ejército ecuatoriano el 17 de septiembre de 2026, expone la logística que el grupo armado Frente Oliver Sinisterra mantenía activa pese a los golpes recibidos en los últimos meses.
El operativo permitió incautar un arsenal considerable y decenas de artefactos explosivos improvisados, una evidencia que las autoridades interpretan como parte de la capacidad operativa que la estructura conserva en la frontera norte del país.
Lo que encontraron los militares en el campamento
Dentro del perímetro destruido, las tropas ubicaron un fusil M16 y una carabina Mossberg calibre 12, además de 920 municiones distribuidas en 888 cartuchos de 5.56 mm, 19 de 9 mm y 13 de calibre 16. También se recuperaron 21 artefactos explosivos improvisados, que fueron neutralizados en el sitio por personal especializado para evitar riesgos a la población cercana.
El campamento contaba con infraestructura para sostener a varios integrantes de manera prolongada: 7 chalecos, 13 mochilas, 3 carpas, 20 colchonetas y 13 cambuches, lo que sugiere que el sitio operaba como base logística y no como un punto de paso ocasional.
Una estructura que sobrevive a la caída de su líder
El Frente Oliver Sinisterra ganó notoriedad internacional en 2018, cuando un equipo periodístico de El Comercio integrado por Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fue secuestrado y asesinado en la frontera con Colombia. Su entonces líder, Walter Patricio Arizala Vernaza, conocido como «Guacho», murió abatido ese mismo año, pero la organización se reacomodó bajo nuevos mandos y mantuvo presencia en zonas rurales de Esmeraldas e Imbabura.
En 2024, el Estado ecuatoriano formalizó su catalogación como Grupo Armado Organizado (GAO), lo que habilitó un marco jurídico distinto para las operaciones militares en su contra. Desde entonces, las incursiones en la frontera norte se han intensificado, en coordinación con reportes de inteligencia sobre movimientos hacia Tumaco, en el Pacífico colombiano.
Antecedente reciente: capturas en la misma zona
Este hallazgo no es un hecho aislado. El 7 de septiembre de 2026, diez días antes de la destrucción del campamento, las fuerzas de seguridad ya habían capturado a 8 presuntos integrantes del grupo en el mismo sector de Urcuquí. La secuencia de operativos sugiere una ofensiva sostenida contra la retaguardia logística de la organización en Imbabura, en un momento en que las Fuerzas Armadas también reportan avances contra otras estructuras criminales, como el reciente golpe del Comando Sur a embarcaciones de Los Choneros.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no ha precisado cuántos efectivos participaron en el operativo de Urcuquí ni si hubo capturas adicionales durante la destrucción del campamento. La Fiscalía General del Estado, por su parte, mantiene abiertas líneas de investigación vinculadas al financiamiento y las rutas de abastecimiento del Frente Oliver Sinisterra en la zona fronteriza.
Qué implica para la seguridad en la frontera norte
La destrucción de campamentos como el de Urcuquí busca cortar la capacidad del grupo para sostener presencia territorial prolongada, un objetivo distinto al de las capturas individuales. Analistas de seguridad consultados en reportes previos señalan que este tipo de estructuras logísticas suelen reconstruirse en semanas si no se combinan con control territorial permanente y trabajo de inteligencia con las comunidades locales.
Por ahora, el Ejército mantiene desplegado personal en la Zona Minera Norte de Urcuquí como parte de una estrategia que combina patrullajes, monitoreo aéreo y cooperación con autoridades locales, coordinada con el Ministerio de Defensa Nacional, en un esfuerzo por evitar que el corredor entre Imbabura y la frontera con Colombia vuelva a servir como refugio para el grupo armado.
Fuentes oficiales citadas por medios locales confirmaron los detalles del operativo, aunque el Ministerio de Defensa Nacional no ha emitido un parte oficial adicional con el número de uniformados involucrados en la acción.
El peso simbólico de golpear al grupo del caso El Comercio
Cada operativo contra el Frente Oliver Sinisterra reabre, inevitablemente, el recuerdo del crimen que marcó a la organización ante la opinión pública: el secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio en 2018. Ese episodio elevó al grupo de una banda local de minería ilegal y contrabando a una amenaza reconocida internacionalmente, y desde entonces cada captura o destrucción de campamento se lee también como un símbolo de que el Estado ecuatoriano no ha abandonado la persecución de sus remanentes.
La muerte de «Guacho» en 2018 no significó el fin de la estructura. Distintos mandos se disputaron el control de las rutas de tráfico de armas, droga y minerales entre Esmeraldas, Imbabura y el sur de Colombia, y el grupo se adaptó reduciendo su visibilidad pública mientras mantenía campamentos móviles como el destruido esta semana en Urcuquí. Esa capacidad de reconstitución es, según fuentes de seguridad, uno de los mayores desafíos para las autoridades: golpear la logística no siempre implica desarticular el mando.
Imbabura se ha convertido en los últimos años en un escenario donde convergen distintas economías ilícitas. Mientras el Ejército concentra esfuerzos en desarticular campamentos armados como el de la Zona Minera Norte, la provincia también enfrenta presión de la minería ilegal, que en sectores como Buenos Aires ha generado operativos paralelos y pérdidas económicas para redes vinculadas a otras estructuras criminales. Esa combinación de amenazas obliga a las autoridades a distribuir recursos militares y policiales entre múltiples frentes dentro de una misma provincia.
