El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo 493 el 2 de enero de 2025, disponiendo un nuevo estado de excepción en varias provincias y cantones del país debido a la creciente presencia de grupos armados organizados en diversas zonas. Este decreto se aplica por un período de 60 días y establece restricciones importantes en varios derechos y libertades para garantizar el control del orden público y la seguridad en las áreas afectadas.
Provincias y cantones afectados por el estado de excepción
El nuevo estado de excepción afecta a un total de siete provincias y tres cantones, ampliando el alcance en comparación con la medida anterior de 2024. Las provincias donde se aplica la medida son las siguientes:
- Guayas
- Los Ríos
- Manabí
- Orellana
- Santa Elena
- El Oro
- Sucumbíos
Además de las provincias mencionadas, el Decreto 493 incluye al Distrito Metropolitano de Quito (provincia de Pichincha), el cantón La Troncal en la provincia de Cañar y el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay.
Motivo de la medida: presencia de grupos armados
El gobierno justifica esta nueva medida de excepción por la presencia prolongada de grupos armados organizados en varias zonas del país. La creciente violencia y el accionar de estos grupos han generado un ambiente de inseguridad que pone en riesgo la paz y la estabilidad de las comunidades locales, lo que ha llevado al Ejecutivo a tomar acciones más drásticas para garantizar el orden público.
Principales restricciones bajo el estado de excepción
El Decreto Ejecutivo 493 contempla una serie de restricciones y medidas extraordinarias que afectan los derechos ciudadanos en las áreas bajo estado de excepción. Las principales disposiciones son las siguientes:
- Suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia: En las provincias y cantones afectados, se suspende el derecho a la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, lo que permite a las autoridades ingresar a los domicilios y revisar correspondencia sin necesidad de orden judicial. Esta medida se aplica en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, el Distrito Metropolitano de Quito y los cantones La Troncal y Camilo Ponce Enríquez.
- Toque de queda: Se impone un toque de queda en varios cantones del país. La medida limita la circulación de personas entre las 22:00 y las 05:00, con excepciones para aquellos que estén realizando actividades esenciales o tengan autorizaciones específicas. Los cantones afectados por el toque de queda son:
- Camilo Ponce Enríquez (Azuay)
- La Troncal (Cañar)
- Durán, Balao y la parroquia Tenguel (Guayas)
- Babahoyo, Buena Fe, Quevedo, Pueblo Viejo, Vinces, Valencia, Ventanas, Mocache, Urdaneta, Baba, Palenque, Quinsaloma, Montalvo (Los Ríos)
- La Joya De Los Sachas, Puerto Francisco de Orellana, Loreto (Orellana)
- Shushufindi y Lago Agrio (Sucumbíos)
- Movilización de las Fuerzas Armadas y Policía: Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán desplegadas en las áreas afectadas para mantener el control del orden y prevenir el accionar de grupos armados. Esta medida está destinada a fortalecer la seguridad en las calles y garantizar que las personas cumplan con las restricciones impuestas. Las Fuerzas Armadas también estarán encargadas de mantener el control de los centros carcelarios del país.
- Suspensión del derecho a la libertad de reunión: Aunque el Decreto no contempla una suspensión explícita del derecho a la libertad de reunión, se destaca la importancia de mantener el control social en las zonas afectadas para evitar alteraciones del orden público. Se podrán aplicar restricciones adicionales a reuniones que se consideren peligrosas o que pongan en riesgo la seguridad de la población.
Reacciones ante la medida
El Decreto Ejecutivo ha generado opiniones divididas en la sociedad ecuatoriana. Mientras algunos sectores apoyan la medida como necesaria para combatir el crimen organizado y la violencia generada por los grupos armados, otros critican las restricciones a los derechos fundamentales y la posible violación de las libertades individuales.
El gobierno asegura que estas acciones son temporales y se aplican únicamente en áreas donde los grupos armados han generado una amenaza significativa para la seguridad de los ciudadanos. Las autoridades destacan que el objetivo es devolver la paz y el orden a estas zonas sin que esto implique una vulneración permanente de los derechos humanos.
Medidas a largo plazo
Si bien el estado de excepción tiene una duración de 60 días, el gobierno ha indicado que evaluará constantemente la situación para determinar si es necesario prorrogar la medida o adoptar otras estrategias para enfrentar la violencia y la inseguridad en el país. Las autoridades han reiterado su compromiso con la seguridad de los ciudadanos y la lucha contra el crimen organizado, pero también han subrayado que es esencial restaurar el respeto por las libertades civiles y garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ecuatorianos.
El decreto de estado de excepción de 60 días firmado por el presidente Daniel Noboa es una medida contundente ante la creciente amenaza de grupos armados organizados en diversas provincias de Ecuador. A través de la movilización de las Fuerzas Armadas y la imposición de restricciones como el toque de queda, el gobierno busca restaurar el orden público y proteger a la población. Sin embargo, esta medida ha levantado un debate sobre el balance entre seguridad y libertades civiles, y muchos esperan que la situación mejore sin la necesidad de prolongar esta intervención del Estado.
Te puede interesar:
Noboa designa a Sariha Moya como vicepresidenta ante ausencia de Abad
